El trabajo asegura que estas prácticas producen un fraude tanto a la Administración sanitaria como a la fiscal, "dado que ni una ni otra son conscientes de la realidad de estas prácticas concertadas".

Las conclusiones reafirman la denuncia hecha púbica por la FADSP antes del verano sobre un presunto fraude fiscal que se podría estar ocasionando al erario público, a raíz del ofrecimiento de bonificaciones ilegales que los laboratorios de genéricos venían haciendo en los últimos años.

Según señala el informe, los laboratorios debían haber notificado al Ministerio de Sanidad y Consumo la repercusión que sobre el precio de venta real a las farmacias tiene una bonificación en especie, tal y como dispone el artículo 2 del Real Decreto 271/90 de 23 de ebrero.

Esta normativa estableque que "los precios autorizados tendrán la consideración de máximos. En el caso de efectuarse la comercialización de una especialidad a un precio menor del autorizado, la empresa deberá notificarlo al Ministerio de Sanidad y Consumo, especificando el nuevo precio de salida de laboratorio y el de venta al público que le corresponda".

Añade que ni los laboratorios ni los distribuidores han negado la existencia de entregas bonificadas de medicamentos genéricos. Sin embrgo, esta afirmación no se reflejó en las posteriores obligaciones de unos y otros.

El ofrecimiento de primas, obsequios, premios, concursos o similares como métodos vinculados a la promoción o venta al público de los productos regulados en esta ley está expresamente prohibido por la legislación vigente, como conocen todos los ejecutivos de los laboratorios farmacéuticos y profesionales del gremio, agrega el informe.

PAGO DEL IVA

El abogado argumenta que en este caso, el consumidor paga más de o que debería por cada genérico y está soportando además un IVA cuantitativamente mayor.

Las ventas bonificadas y las ventas sin bonificación son tratadas por igual, porque los precios en el cartonaje son idénticos. Es también un hecho, añade el documento, que se trata de un sector comercial intervenido mediante la fórmula de precios autorizados, por lo que resulta patente la vulneración del principio de igualdad en favor del que incumple la ley.

También, según el mismo informe, constituye una ilgalidad la obtención de unos beneficios superiores a los permitidos (el margen tiene que ser del 33%), dado que el precio autorizado no ha sido alterado por la ausencia de notificación al Ministerio de Sanidad. En el caso de la venta de productos que se reciben gratis, el margen de beneficio es del 100%.