El funcionamiento de estos registros precisa de la aprobación del Tribunal de Defensa de la Competencia, que dio el visto bueno al primero en 1990, si bien la mayoría de las solicitudes no llegó hasta 1993 y, sobre todo, lo que va de 1994.

Las prisas de numerosas organizaciones empresariales por dotarse de un registro común de información frente a los morosos son resultado de las crecintes dificultades para cobrar, como consecuencia de la crisis económica, según fuentes del Ministerio de Economía consultadas por esta agencia.

Las mismas fuentes señalaron que actualmente hay cinco solicitudes de registros de morosos más pedientes de aprobación por el Tribunal de la Competencia y que todos los días pide alguién información sobre los requisitos legales para constituir uno, lo que demuestra una "preocupación seria" por los impagos.

Evidencia esta preocupación que en lo que va de 194 se hayan aprobado tantos registros como en todos los años anteriores, entre ellos el de la Asociación de Industrias de Carne de España, la Asociación General de Empresas de Publicidad, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, y el más polémico de todos, el Registro de Aceptaciones de Impagados (RAI), promovido por la banca.

Otros registros que operan actualmente son los de las industrias gráficas, la Asociación Española de Industrias del Deporte y el Ocio, la Asociación Nacioal de Entidades de Financiación, la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica, y Fedicine, patronal de las distribuidoras cinematográficas.

El Tribunal de Defensa de la Competencia otorgó los permisos para un plazo de cinco años, periodo en el que el Ministerio de Economía verifica que los registros no son utilizado como un instrumento contra la libre competencia, antes de autrorizar la renovación.

La doctrina sentada a este respecto por el tribunal considera que los registros morosos umplen "una importancia función de clarificación de saneamiento de la actividad comercial de las empresas", a condición de que no establezcan cláusulas que obliquen a todos los asociados a adoptar una misma conducta, lo que sería contrario a la libre competencia.

Por esta razón, fue prohibido el único registro que no ha recibido autorización, el solicitado en 1990 por la patronal de las distribuidoras de cine Adican, si bien fue posteriormente autorizado al sector la autorización pedida por Fedicine, justado ya a las normales legales.