De la Vega salió así al paso de la sentencia del Tribunal Constitucional que ampara a un conductor que dió 2,3 grados en un control de alcoholemia y explicó además, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las nuevas medidas que contempla la reforma del Código Penal sobre seguridad vial.

La reforma contempla, entre otras medidas, la penalización a quienes circulan con elevadas tasas de alcohol o a velocidades excesivas con penas de prisión de tres a seis meses o multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del carné durante un periodo de uno a cuatro años. También está previsto el decomiso del vehículo, considerado un instrumento del delito, en los supuestos de conducción temeraria.