Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega explicó que la modificación legal "en absoluto" está pensada para restar derechos a los católicos. Su objetivo, añadió, es "ampliar los derechos y garantías a todas las personas sean cuales sean sus creencias y religión".

Aseveró que la ley actual, que fue aprobada en 1980, ha quedado obsoleta porque la sociedad española es "más diversa y más plural" que entonces, por lo que considera que debe adaptarse a las circunstancias actuales.

"Las leyes deben ajustarse a esta nueva sociedad y, por tanto, hay que proteger desde el punto de vista constitucional todas las creencias: las de los católicos, por supuesto, pero también las de los musulmanes, las de los judios, las de los los evangélicos y también las de los que no creen", dijo.

De la Vega se mostró partidaria de establecer nuevos derechos "sin imposiciones de nadie, sin imposiciones a nadie, sin dogmas" y con el único fin de "garantizar la libertad religiosa y la libertad de conciencia".

Pese a las polémicas de la pasada legislatura con la Conferencia Episcopal, la vicepresidenta aclaró que aquello fueron sólo "discrepancias" que en absoluto deberían repetirse ahora porque el Ejecutivo "no gobierna con ningún planteamiento religioso".

Asimismo, no quiso dar detalles sobre el sentido de la reforma legislativa porque, con su comparecencia en las Cortes Generales, únicamente pretendía adelantar a los representantes de la soberanía popular "la filosofía y los objetivos" de la misma.