En una entrevista concedida a Servimedia, Fernández de la Vega afirmó que "estamos bastante tranquilos porque el Gobierno está respetando los procedimientos y la normativa de la Unión Europea".

Sobre el incumplimiento del plazo de 10 días dado por Bruselas -que expiró el pasado viernes- para contestar a las dudas del Ejecutivo comunitario sobre el referido decreto, la vicepresidenta indicó que es una dilación "justificada".

"Es un retraso, a mi juicio, no de mucha relevancia", aseveró Fernández de la Vega, aunque admitió que "la Comisión Europea va a tener absoluta libertad para calificarlo como le pueda parecer".

"Hay argumentos suficientes para poner de manifiesto que es un retraso justificado, que está basado en que las decisiones que ha adoptado el Gobierno español se sujeten a un determinado procedimiento que hay que terminar". En este sentido, la vicepresidenta aseguró que la Comisión Europea será informada cuando el Congreso convalide el próximo jueves el decreto con las nuevas funciones de la Comisión Nacional de la Energía.

El Gobierno está actuando, continuó la vicepresidenta, en función de "unos principios que están asentados en el interés general español y europeo, y en el correcto funcionamiento de las instituciones".

"No tenemos nada que ocultar a la Comisión Europea. Creemos que lo que estamos haciendo es lo que procede", sentenció la portavoz del Ejecutivo.

"Estamos trabajando con absoluta transparencia, con absoluto respeto a las normas y, por supuesto, vamos a facilitar a la Comisión Europea toda la información de todo lo que estamos haciendo que está dentro de lo que son los márgenes de funcionamiento de España y de la Unión Europea", dijo.

MERCADO EUROPEO

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno resaltó que "somos absolutamente partidarios de que haya una política energética común en el ámbito de la Unión Europea, pero hoy no la hay", ya que, entre otras cosas, "no hay base normativa" para que exista, al no haber entrado en vigor el Tratado Constitucional europeo, donde había ese apoyo legal.

"Somos partidarios de una política común energética", subrayó De la Vega, "y somos partidarios, además, de que en Europa haya una libertad de circulación no sólo de personas, sino de capitales".

En este sentido, Fernández de la Vega defendió que en España "somos un buen ejemplo de que nunca nos hemos opuesto" a las operaciones de concentración o adquisición de compañías españolas, y puso como ejemplo el caso de France Telecom sobre Amena. "Creemos en la Unión Europea como mercado único", aseveró.

Y, en el caso particular del sector energético, en España existe "la menor intervención pública de la Unión Europea", ya que este sector está "completamente privatizado", cuando en otros países comunitarios "no se ha producido un proceso de privatización en el sector energético tan importante como el que se ha producido en España". Además, hay "menos elementos de intervención respecto de otros países de la UE".

GAS NATURAL-ENDESA

A renglón seguido, la vicepresidenta defendió la idoneidad de la OPA lanzada por Gas Natural sobre Endesa, por lo que supone de integración de dos energías como son el gas y la electricidad, un proceso en el que ya han avanzado otros países comunitarios.

"Estamos en un proceso de unir el sector eléctrico y el del gas. ¿Eso es bueno o no es bueno? ¿Lo han hecho otros países o no?", se preguntaba la vicepresidenta.

"Y, cuando se estaba en ese proceso, viene una compañía", en referencia a la eléctrica alemana E.On, "que legítimamente lo puede hacer, pero a la que tenemos que poner condiciones" para adquirir la primera eléctrica española.

En este punto, "España lo que quiere es garantizar a los ciudadanos la calidad del suministro en un sector tan estratégico como es la energía", aseguró la vicepresidenta, quien mostró la similitud de la actuación del Gobierno español con lo que están haciendo todos los países europeos, como Alemania, Francia o Bélgica.

"Vamos a tener siempre en cuenta el interés general, el interés de los consumidores y el de las empresas españolas", agregó la vicepresidenta.

La política energética en el marco de la UE ha de defenderse "en condiciones de igualdad y reciprocidad", y con esa posición se sentará el Gobierno en el próximo Consejo Europeo de Bruselas "porque creemos que es sensata y razonable".