De la Vega se expresó así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada sobre la cadena de dimisiones y las reacciones políticas que han suscitado en el PP los autos que el juez Garzón dictó ayer, en los que se recomienda imputar en la presunta trama de corrupción a destacados dirigentes como Francisco Camps y Ricardo Costa.

La vicepresidenta alegó que son los tribunales superiores de justicia de Madrid y de Valencia los que deben "dirimir" si el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el resto de los acusados populares deben ser imputados.

Asimismo, manifestó su "preocupación" por las reacciones que los autos de Garzón han suscitado en el PP, que han llevado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a sugerir que el magistrado recibe regalos de mayor valor económico que los trajes de Camps y Costa.

QUITAR PRESIÓN AL JUEZ

A su juicio, el PP debería "respetar al juez Garzón como a los demás jueces" y tendría que "dejar trabajar sin presiones de ningún tipo" al magistrado, del que dijo que en este caso ha actuado con "normalidad democrática y legal".

De la vega criticó que desde el principal partido de la oposición se está ejerciendo "una tremenda presión" sobre Garzón, cuando sería necesario promover "un clima de serenidad para que el trabajo se pueda hacer bien hecho".

La vicepresidenta reclamó al PP la misma "prudencia" que mantiene el Gobierno al hablar de este asunto, del que dijo que no quiere pronunciarse hasta conocer "todo el detalle" de la presunta trama de corrupción organizada por el empresario Francisco Correa.

No obstante, con carácter general, apuntó que el Ejecutivo tiene "tolerancia cero" hacia la corrupción, con la que quiere "acabar en cualquiera de sus formas", independientemente del color político que tenga.

Para que no quedase ninguna duda, De la Vega sentenció que "sobre los que quebranten la ley debe caer todo el peso de la ley", especialmente si son regidores públicos con puestos de responsabilidad, como algunos de los alcaldes imputados por el juez Garzón.

Finalmente, la vicepresidenta defendió la corrección del proceso seguido por el magistrado al iniciar las investigaciones desde la Audiencia Nacional y preguntar posteriormente a la Fiscalía si debía inhibirse en favor de los tribunales superiores de justicia. "Todo esto forma parte del funcionamiento normal del Poder Judicial y la Administración de Justicia", recalcó.