Carod acude a La Moncloa a hablar de la reforma del Estatuto catalán a una semana de que la ponencia sea votada en comisión el viernes 29 de julio y cuando "las espadas siguen en alto", en palabras que dijo recientemente un alto cargo del Ejecutivo respecto a la posibilidad de que no salga adelante el texto, bien porque CiU lo rechace en el Parlamento de Cataluña, bien porque el PSOE se sume al PP en Cortes si considera que contiene aspectos inconstitucionales.

Hoy, a unas horas del encuentro Zapatero-Carod, María Teresa Fernández de la Vega no quiso alimentar nuevas polémicas. Simplemente reiteró que el Ejecutivo respeta los tiempos procesales de la reforma y "ahora" es el tiempo del Parlamento catalán. Tiempo habrá de hablar sobre lo que harán las Cortes cuando llegue la proposición de ley orgánica, si es que lo hace.

Según Fernández de la Vega, el Ejecutivo central quiere con el estatuto catalán, como con cualquier otro, que sea fruto del más amplio consenso, "y la mejor forma de que se produzca es que se respete el ámbito institucional", en clara referencia a que no se deben producir intromisiones desde fuera de Cataluña.

Sin embargo, esta consigna, que deslizó por vez primera el portavoz del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado martes, no está siendo seguida de forma tajante por todo el partido.

Si antes fue el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, quien habló de varios supuestos de inconstitucionalidad, luego han sido gentes como Juan Carlos Rodríguez Ibarra e incluso un ministro, José Bono, los que han reiterado conceptos como que "nación no hay más que una, España". El último en pronunciarse ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, contrario a cualquier privilegio.

"Constitución, consenso y ciudadanía" es lo único que le pudieron hoy arrancar los periodistas a la portavoz del Gobierno ante las reiteradas preguntas sobre el Estatut. Y añadió: "eso responde a su pregunta" cuando alguien le ha interpelado para que dijera si el Gobierno mantiene que el Estatut no puede tomar en la ponencia como competencias propias aquellas que sólo pueden ser transferidas por el Estado (aticulo 150.2 de la Constitución) mediante ley orgánica 'ad hoc'. Es decir, que el Ejecutivo Central sigue sin aceptarlo.