En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega aseguró que éste es un asunto jurisdiccional y que compete al órgano de gobierno de los jueces analizar este caso para dar tranquilidad a los ciudadanos.

Insistió en que debe ser el CGPJ el que investigue lo ocurrido "para establecer si ha habido un error judicial o si ha habido un funcionamiento anormal de la administración de la Justicia".

"Hay que saberlo, tiene que investigarlo quien le corresponde", en éste como en otros casos que susciten la alarma social, añadió la vicepresidenta, para depurar las responsabilidades que correspondan.

La vicepresidenta hizo estas consideraciones tras asegurar que el Gobierno estima "absolutamente imprescindible" modernizar el funcionamiento de la Justicia.

Aseguró que, si hacen falta reformas legales, se harán, y si se necesitan más medios, "los pondremos", si bien estimó que es preciso seguir invirtiendo, "pero también hay que gestionar mejor", subrayó.

"No se trata de derivar responsabilidades", pero sí de que cada uno asuma las suyas, indicó, ya que el servicio público de la Justicia "tiene que estar en condiciones de dar una respuesta a los ciudadanos", que sea "rápida, eficaz, comprensible y en un tiempo razonable".