En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta expuso el estado actual de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica.

Aseguró en primer lugar que las medidas adoptadas durante la legislatura se enmarcan en el modelo establecido en la Constitución, cuyo artículo 16 dirige a los poderes públicos un principio de neutralidad religiosa que veda, según el Constitucional, cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales y que supone, por tanto, la consagración del principio de laicidad del Estado.

Eso significa, explicó, que no puede haber injerencia del Estado sobre el ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos, y también que la acción del Estado debe estar exclusivamente guiada por el interés general.

La relación del Gobierno con la Iglesia se ha guiado, por tanto, por el espíritu constitucional de concordia y convivencia, y por los principios de respeto y autonomía. Se ha introducido transparencia y se ha trabajado con respeto a todas las creencias y a los compromisos contraídos con los ciudadanos, objetivos compatibles.

Fernández de la Vega aseguró que ha existido un diálogo "permamente y fluido" con la jerarquía eclesiástica española y también con la romana, con la que se ha constatado "que entre España y el Vaticano no existen contenciosos, sino relaciones de amistad y respeto mutuo entre dos estados que han compartido muchos siglos de historia europea".

Insistió en que el Gobierno defiende la cooperación y lealtad con la Iglesia Católica y con todas las demás, porque ello no supone menoscabo de la laicidad del Estado "ni otorga derecho a iglesia alguna, por mayoritaria que sea, a inmiscuirse en el ámbito proio de la autonomía del poder político".

En virtud de esa relación de cooperación se llegó al acuerdo sobre financiación, recordó, si bien ha habido asuntos en los que no fue posible el acuerdo, como la Ley Orgánica de Educación o la regulación de las asignaturas de Religión y Educación para la Ciudadanía.

En cualquier caso, en unos y otros asuntos, el Gobierno ha emprendido su tarea sin confrontación, respetando la autonomía de la Iglesia Católica, manteniendo un diálogo constante con sus responsables y colaborando en el mantenimiento del interés común para la ciudadanía".

Desde el Gobierno se respeta que algunas de esas medidas no gusten pero, añadió la vicepresidenta, con el mismo derecho a la autonomía y esperando el mismo respeto, ha cumplido sus compromisos con los ciudadanos, entre los que estaba la extensión de derechos y la eliminación de discriminaciones, políticas que no obligan a quienes no quieran hacer uso de ellos.

Defendió, por ejemplo, que el Gobierno ha impulsado políticas a favor de las familias, "de todas las familias españolas como corresponde al carácter social de nuestro Estado, que debe atender a la realidad efectiva de los modos de convivencia existentes en una sociedad plural como la nuestra".

Se ha gobernado "para todos desde el respeto a todos", para una sociedad "que no necesita tutelas morales, como tampoco las necesita ni tolera, ni acepta su Gobierno", y una sociedad que no quiere retroceder a tiempos pasados en los que una única moral era impuesta a todos los españoles.

Una cosa es el respeto a la libertad de expresión, dijo, y otra es "tratar de imponer a nadie una determinada moral o creencia religiosa", y por ello el Gobierno respeta el ejercicio de crítica por parte de una parte de la jerarquía católica, pero no que para ello se vulnerara el respeto debido a dos poderes legítimos del Estado democrático, como son el Gobierno y el Parlamento, "y además faltando a la verdad".

Fernández de la Vega concluyó con una idea: la expresión de opiniones es siempre respetable, pero cuando esas opiniones pretenden condicionar una norma que rige para todos por igual, debe contar con el respaldo de la mayoría y fundamentarse en una razón que se abstraiga de convicciones morales o religiosas, "que apele al juicio de todos, no a su fe".

La Constitución delimita las funciones de las instituciones del Estado y de la Iglesia "y no debe haber confusión", es decir, cada esfera debe ser autónoma de la otra, como exige el principio de aconfesionalidad y el respeto a la libertad religiosa, "sin interferencias ni condiciones".