Fernández de la Vega expuso ante la Comisión Constitucional del Senado las líneas generales de la acción del Gobierno en esta legislatura, como ya hizo semanas atrás en el Congreso de los Diputados.

En esa comparecencia ya había anunciado la intención del Gobierno de analizar una posible reforma de la LOREG, y hoy anunció la petición de ese informe, que servirá de punto de partida para la reflexión parlamentaria sobre esa modificación.

El objetivo es "seguir avanzando en calidad democrática" ygarantizar el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadanos a las personas con discapacidad.

Sin embargo, nada desveló la vicepresidenta acerca de las intenciones del Gobierno de responder a las demandas de algunos grupos parlamentarios minoritarios para modificar el número de diputados, eliminar la barrera electoral para obtener representación o incluso para modificar la circunscripción electoral, lo que requeriría modificar la Constitución.

La vicepresidenta reiteró su petición al Senado para que acuerde internamente una propuesta de reforma de la Cámara que cuente con el respaldo político necesario para ser aprobada y que la dote de mayor representatividad territorial.

Juzgó en este sentido "inaplazable" la exigencia de que el Senado inicie el proceso de propuesta de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional para la renovación pendiente desde hace meses y en la que deben participar las comunidades autónomas, en aplicación de la última reforma de la ley orgánica reguladora del tribunal.

La vicepresidenta subrayó la voluntad del Gobierno de respetar las competencias de las comunidades autónomas, y anunció en este sentido que revitalizará la Comisión Delegada de política autónomica y se trabajará en la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios para que los proyectos del Ejecutivo cuenten con informe de impacto autonómico.

Mantuvo también el compromiso adquirido ante el Congreso de los Diputados de promover una "reflexión" que conduzca a la modificación consensuada de la Ley de Libertad Religiosa para "adaptarla a la realidad de la España de hoy".

Argumentó que esa ley, aprobada en 1980, silencia la regulación de la libertad de conciencia y también muchos de los avances establecidos desde entonces por el Tribunal Constitucional en relación con el contenido y las condiciones de ejercicio de la libertad religiosa en un estado aconfesional.

"El carácter laico" del Estado, aseguró, exige "mayor neutralidad" para evitar situaciones de discriminación de unas confesiones respecto de otras, toda vez que el Tribunal Constitucional "ha advertido" sobre los límites de esa libertad en determinados lugares públicos, como hospitales, colegios o actos de las fuerzas armadas.

En su calidad de portavoz y, por tanto, máximo exponente de la relación del Gobierno con los medios de comunicación, anunció la creación en Madrid de un centro de prensa internacional que facilite el trabajo de los corresponsales extranjeros y demás profesionales de la información.