Así se ha expresado este mediodía la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al anunciar una reforma legal sobre los concursos publicitarios de la Administración del Estado.

De la Vega ha revelado que se ofreció compartir este endurecimiento legal con las comunidades autónomas, pero como algunas expresaron sus "reticencias".

Se prohibirán por ley las campañas destinadas a glosar resultados de gestión, así como las dedicadas a "denostar" a otras administraciones. La nueva ley va a hacer posible que cualquier ciudadano pueda pedir la paralización de una campaña, petición que será resuelta por una Comisión Interministerial de Publicidad y Comunicación Institucional, de nueva creación.

A juicio de la "número dos" del Ejecutivo, no hay que establecer "el principio de la sospecha" de que esa comisión pudiera estar mediatizada y será la propia administración "la que se va a ajustar ella misma a lo que diga la ley" y no va a poner en marcha campañas contrarias a ello.

Además, también está la jurisdicción de lo contencioso- administrativo para, en su caso, denunciar actuaciones irregulares de funcionarios públicos.

EL OBJETIVO NO ES REDUCIR PRESUPUESTO

La contratación de publicidad estatal se basará en la "austeridad", aunque la "número dos" del Ejecutivo no ha sabido decir en cuanto se va a reducir la cuantía de publicidad.

Entre mayo y diciembre de 2004, la cantidad global fue de 14.831.601 euros, según consta en una respuesta por escrito al senador del PP José Blas Fernández en enero pasado.

Fernández de la Vega ha señalado que el objetivo "no es tanto" reducir esas cantidades como vigilar un buen uso de los recursos públicos a la hora de informar a los ciudadanos.