La iniciativa del departamento que dirige Eduardo Serra tiene entre otros objetivos corregir os abusos que se cometen por parte de un determinado sector de militares, que, beneficiados en su día con la propiedad de este tipo de viviendas, hoy las utilizan para hacer negocio en el mercado inmobiliario mediante la fórmula de alquileres.

Defensa quiere poner coto a esta y otras prácticas, con el fin de que el actual parque de viviendas militares se destinen al uso para que el estuvo concebido en sus inicios: dotar de una vivienda digna a los profesionales de las FAS en activo, respetando los derchos adquiridos por militares ya jubilados y sus familias sobre las suyas.

Sin embargo, en un comunicado difundido hoy, seis asociaciones de vecinos de barrios militares expresaron que con la nueva ley "Defensa intensifica la agresión y discriminación contra los ocupantes de casas militares, proponiendo condiciones leoninas de venta y alquiler de las mismas".

Entre los artículos del anteproyecto de ley que son objeto de rechazo por parte de los afectados destacan la prevista exclusión de la opció de compra a algunos de los ocupantes actuales, la eliminación de la aplicación de la normativa de vivienda pública de protección oficial para fijar los precios de venta y alquileres, y la reducción a la mitad del precio de venta respecto del precio real del mercado.