La principal causa por la que estas entidades se oponen al funcionamiento del castillo de Figueres como prisión es la falta de higiene y de seguridad del lugar, según fuentes de la Comisión.

Un portavoz de estos colectivos, Josep Maria Bonet, manifestó hoy, tras entrevistarse con el alcalde de Figueres, Marià Lorca, que le expresaron sus dudas sobre el curso que siguió el proceso administrativo por el cual el castillo de Sant Ferran hará las funcionesde centro penitenciario durante los Juegos Olímpicos.

Para Bonet, durante el proceso se produjeron irregularidades, porque "debía haberse puesto a exposición pública y no se hizo y debía haber salido un anuncio en un diario local y tampoco se hizo. Además, los servicios de Cultura y Urbanismo de la Generalitat tenían que haber presentado un informe".

Por otra parte, en la Comisión de Entidades, Asociaciones y Partidos de Figueres se encuentran integrados todos los partidos políticos excepto Convegència i Unió, que gobierna el municipio.

El uso del castillo de Sant Ferran como cárcel olímpica para acoger a unos 150 presos durante seis meses fue pactado en un convenio del Ministerio de Defensa y la Generalitat firmado hace unos meses. El edificio funcionó como prisión militar en las últimas décadas y el golpista Antonio Tejero cumplió condena en el mismo hasta hace un año.