La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) denunció hoy que algunas pensiones militares podrían aminorar en un 55 por ciento si salen adelante las cuentas públicas presentas por el Ejecutivo.

AUME advierte en un comunicado de que quienes no pueden seguir desempeñando sus funciones como miembros de las Fuerzas Armadas, como consecuencia de estar en situación de inutilidad permanente para el servicio -enfermedad física o psíquica que les impida continuar en las Fuerzas Armadas- verán reducida su pensión en "un 25 por cien", si no llevan veinte años de servicio.

Este colectivo denuncia que ésta es la consecuencia de la modificación de diversos artículos de la Ley de Clases Pasivas del Estado que va incorporada mediante dos disposiciones adicionales en los Presupuestos Generales del Estado.

AUME señala que está recibiendo un "número muy importante" de llamadas y de consultas de militares y de familiares de éstos por este asunto.

A su juicio, "la reforma afecta a todos los militares retirados en cuanto establecen un sistema de incompatibilidades con el ejercicio de otras actividades, que producirá una desincentivación a integrarse en el mercado de trabajo, desde la situación de retiro, ya que la pensión recibida se aminorará hasta en un 55 por ciento, si se encontrasen incluidos en cualquier régimen público de la Seguridad Social".

Por ello, esta asociación "no descarta" movilizaciones "ante la gravedad del problema" por la "severa" reforma de las pensiones, a la que denominan como "pensionazo".

OTRA DENUNCIA

Esta misma denuncia fue formulada la semana pasada por la Asociación de Caballeros Inválidos y Mutilados Militares de España (Acime), que estima que se van a recortar las pensiones de las personas con discapacidad adquirida en acto de servicio en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil.

Además, Acime insiste en que este recorte se hace sin establecer medidas compensatorias por los gastos adicionales de estas personas como consecuencia de su discapacidad o por la imposibilidad para muchos de acceder a un puesto de trabajo.

Asimismo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se ha dirigido a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados para que supriman dichas modificaciones normativas que afectar al régimen de clases pasivas.

A su juicio, ello supone un retroceso considerable en las pensiones de los funcionarios retirados a causa de discapacidad.

"El cambio de régimen de clases pasivas que quiere introducir el Gobierno declara incompatibles, en distintos grados, el percibo de la pensión de retiro por causa de discapacidad con la realización de una actividad laboral privada, cuando hasta ahora eran plenamente compatibles. La incompatibilidad sólo afectaba a la realización de otro trabajo en la administración pública", afirma el Cermi.

Esta medida afectaría, según el Cermi, "a miles de funcionarios retirados por causa de discapacidad, tanto a los que ya son pensionistas, como a los que lo puedan ser en el futuro. Muchos de estos funcionarios que resultarían gravemente perjudicados adquirieron su discapacidad en acto de servicio".