Según la Asociación para la Defensa Ecológica de Galica (ADEGA), el impacto ambiental de esta planta la convertirá en un "verdadero cemententerio de residuos tóxicos y peligrosos".

Su secretario general, Manuel Soto, aseguró que las emisiones gaseosas, las sustancias tóxicas presentes en los efluentes residuales y las posibles fugas por rotura o filtración desde los depósitos de seguridad "amenazan con destruir el bosque y contaminar las aguas superficiales ysubterráneas de la zona".

ADEGA acusó a la Xunta de Galicia de incumplir la normativa vigente al hacer coincidir la adjudicación de la obra con la presentación de alegaciones al estudio de impacto ambiental.

La obra se adjudicó por un importe cercano a 2.000 millones de pesetas antes de resolver el estudio ambiental, que no tuvo en cuenta las alegaciones, según la organización ecologista.