Estas ONG consideran que, debido a los "efectos estigmatizadores" del sistema penal, debe evitarse al máximo el contacto de los menores con el mismo. Por ello, opinan que en el tratamiento jurídico de los niños infractores debe primar la intervención social y educativa, asegurando el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales.

Las organizaciones firmantes piden al Defensor del Menor que, con carácter general, se evite la separación del niño de su famiia. Para aquellas madres que están cumpliendo condena y que conviven con su hijo en prisión, piden medidas alternativas a la cárcel, como régimen abierto, arresto domiciliario, etc.

Además, manifiestan a Urra su preocupación por la falta de dispositivos y recursos humanos puestos al servicio de la Ley de Responsabilidad del Menor, escasez que a su juicio puede acabar convirtiendo la orientación educativa de la norma en "agua de borrajas" y provocar la acentuación de la represión, en detrimento de los spectos más sociales.

Igualmente, piden al Defensor del Menor que estudie el caso de las madres extranjeras en prisión, ya que, según las ONG, muchas de ellas no tienen familia en España y cuando su hijo cumple tres años y sale de la cárcel, pasa a vivir en centros públicos. En este caso, en opinión de las ONG, se debería estudiar la expulsión al país de origen una vez confirmada la pena, para evitar el desarraigo.

Hasta el momento han firmado el documento un total de 26 organizaciones no gubernaentales, aunque algunas de ellas engloban a un gran número de organizaciones, como la UNAD (Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente), en la que están incluidas 300 asociaciones de todo el Estado.