La propuesta de recurso ha sido elaborada con los informes previos de los ministerios de Economía y Hacienda, Defensa, Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Consumo y Trabajo e Inmigración y cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado.

A juicio del Gobierno, los artículos cuestionados de la ley valenciana establecen un sistema de financiación de la asistencia médica pública incompatible con el establecido por la normativa estatal, al imponer una tasa para la asistencia médica a los beneficiarios de las mutualidades de funcionarios del Estado (Muface, Mujeju e Isfas) que hayan optado por la sanidad pública y establecer, además, que cada mutualidad se haga cargo de pagarla.

El Ejecutivo central entiende que el establecimiento de esta tasa es inconstitucional porque supone una doble financiación para la Generalitat Valenciana contraria al vigente sistema de financiación autonómica aplicable a la sanidad.

Según el Gobierno, estos artículos vulneran el principio de equidad financiera, al tratar de repercutir a las mutualidades de funcionarios del Estado el coste de la asistencia médica, un servicio que ya está financiado a través de los impuestos, como se prevé en las normas que regulan la financiación autonómica tras los acuerdos alcanzados con todas las comunidades, entre ellas la valenciana, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Ejecutivo central considera que la ley valenciana también podría contravenir el principio de igualdad de los españoles consagrado por la Constitución, al establecer un régimen económico más gravoso para aquellos empleados públicos que, amparados por el régimen de mutualismo administrativo, reciben asistencia sanitaria pública habitual u ocasionalmente en la Comunidad Valenciana.

A juicio del Gobierno, se les impone una tasa que ninguna otra comunidad autónoma ha establecido, por ser incompatible con el sistema de financiación.