El nuevo texto legal, dijo el conseller en las Cortes Valencianas, considera como dotación pública aquel campo de golf de titularidad pública, así como las instalaciones directamente relacionadas con la práctica deportiva u otrasdeportivas, de ocio, esparcimiento, restauración y comercio complementarias, y las compatibles de tipo asistencial, sanitario, cultural o administrativo.

En todos los casos cuando la titularidad sea pública, serán consideradas como dotaciones públicas integrantes de la red primaria o estructural.

Así, la futura Ley, con el fin de fomentar la implantación de campos públicos, prevé que la administración pueda obtener suelo dotacional mediante expropiación o por cesión gratuita. Además, en ningún caso, los campos de golf, ni las instalaciones e infraestructuras para el mantenimiento regular del campo computarán como zonas verdes a los efectos exigidos por la legislación urbanística.

La Ley del Golf, apunto el consejero, recoge que los campos de golf de titularidad privada se considerarán como equipamiento no dotacional. La promoción de cualquiera de las modalidades de campos de golf contemplados en el texto -campo público, mixto y privado- requerirá siempre de la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

La norma somete estas instalaciones deportivas a "estrictas" Auditorías Ambientales para garantizar que no producen ningún impacto negativo sobre el territorio.

Por otro lado, la nueva Ley Reguladora de Campos de Golf, actualmente en fase de anteproyecto, establece la obligación de implantar un sistema de "gestión ambiental homologado", que garantice el "continuo respeto al medio ambiente" de estas instalaciones deportivas.

En este sentido, añadió Blasco, "para garantizar que las instalaciones de campo de golf cumplen con la normativa ambiental, las mismas se someterán a auditorías externas cada cuatro años, y tendrán que establecer además medidas para la protección de la flora y la fauna autóctonas", tal como establece el artículo 48 del anteproyecto de ley.