De este modo, se incrementa en un 49,5% la disponibilidad de plazas residenciales públicas, con el objetivo de adecuar la oferta a las actuales necesidades derivadas de la aplicación de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Al mismo tiempo, Bienestar Social se propone la mejora de la gestión de las mencionadas plazas incorporándolas a su red pública, así como financiar directamente el coste de las 2.247 plazas, a través de contratos individualizados con cada una de las 52 residencias donde se encuentran dichas plazas.

El periodo de ejecución de los contratos será de 15 años, y el coste anual de las 2.247 plazas superará los 27,7 millones de euros, por lo que la Generalitat prevé destinar 436,7 millones de euros durante el plazo de vigencia de los citados contratos.