Este proyecto supone un "importante avance" para incorporar al sistema del bienestar social a las personas económicamente débiles, a los excluidos socialmente, a las personas sin hogar, a las mujeres víctimas de la violencia de género que no pueden liberarse por falta o insuficiencia de recursos económicos, a las familias monoparentales con carencia de medios por impago de pensiones alimenticias, a las personas drogodependientes o con otras adicciones, a los desempleados de larga duración y a las personas mayores desprovistas de sistema de protección.

El proyecto es fruto del consenso con los principales agentes económicos, sociales y sindicales, y el Consell en el marco del Pavace (Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo), y avanza hacia el establecimiento de una prestación de derecho subjetivo, subsidiaria y complementaría de las de la Seguridad Social.

La Ley de Renta Garantizada desarrolla el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que establece en su artículo 15 que, con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía.

La Renta Garantizada de Ciudadanía supone una ayuda económica para poder realizar ese camino a la inserción en la sociedad y cumple con el objetivo de garantizar el derecho de todos a la igualdad de oportunidades. Se configura como el derecho a una prestación económica, de carácter universal y vinculada al compromiso de los destinatarios de promover de modo activo su inserción sociolaboral.

La cuantía de la prestación estará en función de los ingresos de la unidad familiar o de convivencia y del número de miembros que componen la misma, y se situaría en 2006 entre un mínimo de 346,55 euros y un máximo de 558,95 euros al mes. La cuantía mínima se calcula de acuerdo al 62% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

La renta garantizada se incrementará en un 5% del IPREM si existe un segundo miembro en la unidad familiar o de convivencia, y en un 3% para cada uno del tercero y siguientes miembros de dicha unidad.

La prestación se concederá por periodos de 1 a 12 meses, pudiendo renovarse por periodos sucesivos, hasta un máximo de 36 meses. Una vez agotados los 36 meses, de nuevo podrá concederse siempre que transcurran, al menos, 24 meses desde la prestación anterior.