De Miguel hizo estas declaraciones durante su intervención en la mesa redonda "Instrumentos y Convenios de Dependencia", que tuvo lugar esta mañana en el marco del "I Congreso Nacional de Dependencia: Nuevo Marco Legal de la Autonomía Personal y Dependencia, Impacto en los Servicios Sanitarios y Sociales", que se celebra en Madrid.

La consejera analizó el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, y señaló, en este sentido, que desde el Gobierno valenciano "aplaudimos la iniciativa del Ejecutivo central, que por fin decide sumarse al camino que en la comunidad iniciamos hace ya varios años".

No obstante, indicó que "lamentamos que presenten un proyecto de ley insuficiente, que opta por no implantar un sistema nacional con un mínimo común denominador de derechos y prestaciones para todo el conjunto del Estado".

A pesar de ello, de Miguel reiteró que "nuestra mano está tendida al Ministerio (de Trabajo y Asuntos Sociales) para que entre todos podamos mejorar esta norma, entendiendo que lo único que debe preocuparnos son las personas, y que éstas deben primar sobre los acuerdos políticos". "Lo único que nos preocupa es conseguir la mejor ley posible", subrayó.

Por otra parte, la consejera dijo que "regular la atención a la dependencia mediante convenios bilaterales entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas es abrir una puerta a la desigualdad y a la insolidaridad territorial". "Si no se corrige esta situación", advirtió,"habrá personas cuya consideración como dependientes pueda depender de su lugar de residencia".

"Vamos a reclamar igualdad de derechos, igualdad de servicios y prestaciones en todo el territorio español, igualdad en las condiciones de acceso a la condición de dependiente. Y vamos a exigir que no se rompan los principios de cohesión y solidaridad territorial", añadió.

De Miguel destacó la ausencia en el texto de un reconocimiento expreso del derecho del ciudadano a recibir atención y cuidados cuando no pueda valerse por sí mismo. "Cuando el texto define el objeto de la ley, el Gobierno ha optado por establecer un Sistema Nacional de Dependencia en lugar de garantizar de una forma expresa ese derecho subjetivo, de tal forma que pudiera ser exigible por los ciudadanos y garantizado por las administraciones", explicó.

Asimismo, apuntó que el anteproyecto "tampoco concreta ni tan siquiera un mínimo de servicios y prestaciones que deban recibirse en todo el territorio del Estado", sino que remite a posterior regulación reglamentaria y a los convenios que se firmen con cada comunidad.

En cuanto al número de personas dependientes, la consejera manifestó su discrepancia respecto a las cifras del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que fija en el entorno de las 125.000 las personas dependientes de la Comunidad Valenciana que entrarían en el sistema, mientras que el Estudio General de la Dependencia de la región las cifró en 250.000.