En su reunión del día 21 de diciembre de 2007, el Consell ya acordó interponer requerimiento de incompetencia al Gobierno Central, con carácter previo a la interposición de este conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Esta decisión no afectó a la puesta en marcha de las oficinas, personal y medios que la Generalitat dispuso desde el pasado día 2 de enero, día en que se abría el plazo para solicitar las ayudas por la Renta Básica de Emancipación, según se explica en el acuerdo.

El Gobierno valenciano se reafirma en solicitar que se proceda a la derogación expresa del citado real decreto y, subsidiariamente, se modifique el contenido de varios de sus artículos, de manera que se reconozcan las competencias exclusivas que corresponden a la Comunitat Valenciana en materia de vivienda.

Por ello, el Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para interponer el mencionado conflicto de competencias sobre la base de la fundamentación contenida en el requerimiento de incompetencia previo.

En el requerimiento de incompetencia la Generalitat asegura que la renta básica de emancipación supone una "vulneración de las competencias autonómicas" en materia de vivienda y de la autonomía financiera de la Comunitat Valenciana.

El Consell considera que el Estado "carece de título competencial" para condicionar con el detalle que lo hace este real decreto la política de vivienda que cada comunidad autónoma decida aplicar en "uso legítimo de sus competencias".