La consejera, que se ha reunido con asociaciones y colectivos de personas dependientes paravalorar conjuntamente el anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, señaló que desde la Generalitat "aplaudimos la iniciativa del Ejecutivo central, que por fin decide sumarse al camino que en la Comunidad Valenciana iniciamos hace ya varios años".

Sin embargo, de Miguel lamentó que ese anteproyecto de ley sea "insuficiente", ya que opta por no implantar un sistema nacional con un mínimo común denominador de derechos y prestaciones para todo el conjunto del Estado".

A pesar de ello, la consejera reiteró que "nuestra mano está tendida al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que entre todos podamos mejorar esta norma, entendiendo que lo único que debe preocuparnos son las personas, y que éstas deben primar sobre los acuerdos políticos". "Lo único que nos preocupa es conseguir la mejor ley posible", subrayó.

Asimismo, indicó que "regular la atención a la dependencia mediante convenios bilaterales entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas es abrir una puerta a la desigualdad y a la insolidaridad territorial".

"Si no se corrige esta situación, habrá personas cuya consideración como dependientes pueda depender de su lugar de residencia", dijo.

La titular de Bienestar Social lamentó igualmente la ausencia en el anteproyecto de Ley de un reconocimiento expreso del derecho del ciudadano a recibir atención y cuidados cuando no pueda valerse por si mismo y apuntó que tampoco concreta un mínimo de servicios y prestaciones que deban recibirse en todo el territorio del Estado.

En cuanto al número de personas dependientes en la Comunidad Valenciana, de Miguel manifestó su discrepancia respecto a las cifras del Ministerio de Trabajo, que las fija en el entorno de las 125.000, mientras que el Estudio General de la Dependencia de la región las establece en 250.000.

La financiación y la viabilidad del sistema son otras de las cuestiones que la consejera entiende que deberán ser objeto de una profunda revisión, ya que según el anteproyecto, el 72% del gasto habrá de ser asumido por las comunidades autónomas y por el propio afectado, mientras que el 28% restante es la cantidad que aportará el Estado, "una participación que nos parece insuficiente".