De Miguel celebró la llegada de una ley de ámbito nacional que regule la atención a las personas dependientes en el conjunto del Estado, pero exigió que se haga "con coherencia, rigor y solidez", garantizando un tratamiento igualitario para todos los españoles.

Asimismo, la consejera valenciana dijo que el proyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia "carece de planteamientos concretos y soluciones efectivas".

De Miguel hizo estas declaraciones con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde analizó el contenido de la regulación del régimen de dependencia que está elaborando el Gobierno.

La titular de Bienestar Social señaló que el Gobierno valenciano "lleva muchos años organizando una red de prestaciones sociales para todo aquel que lo necesita". "Sin embargo", dijo, "el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no ha consultado a las comunidades autónomas que tienen la competencia y la experiencia en este ámbito".

No obstante, añadió que "la Generalitat seguirá trabajando como hasta ahora en la atención a la dependencia, mejorando día a día las prestaciones para estas personas y sus familiares".

"Por compromiso y responsabilidad con todos ellos", indicó, "vamos a apoyar la ley de Dependencia, vamos a exigir que España tenga la mejor ley, vamos a pedir que no se discrimine la atención de estas personas dependiendo de en qué comunidad vivan y que no se permita el sectarismo y la arbitrariedad".

De Miguel lamentó que no se defina expresamente en el proyecto de ley la atención a la dependencia como un derecho subjetivo tutelado por la propia ley, así como la ausencia en la misma de un cartera de servicios mínimos que se deban prestar en el conjunto del Estado.

La consejera criticó que el Gobierno central "se niegue sistemáticamente a que existan sistemas homogéneos en todo el territorio del Estado" y agregó que desde el Ejecutivo valenciano "esperábamos una norma que fijara un mínimo común denominador para la dependencia en toda España, que garantizara algo tan esencial como el que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y prestaciones independientemente de su lugar de residencia".

"Esta es una ley trascendental", aseguró, "y como tal no se puede presentar como patrimonio exclusivo de la izquierda, sino que debería sacarse de la agenda política y ser fruto de un amplio consenso de la sociedad".

La financiación y la viabilidad del sistema son algunas de las cuestiones que De Miguel considera que deberán ser objeto de una profunda revisión, ya que, según el proyecto, el 72% del gasto habrá de ser asumido por las comunidades autónomas y por el propio afectado, mientras que el 28% restante es la cantidad que aportará el Estado, "una participación que nos parece insuficiente".