Tras mantener una reunión con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la consejera declaró a los periodistas que la Generalitat Valenciana está dispuesta a seguir trabajando para llegar a acuerdos con el Gobierno central en lo que se refiere a esta ley, pero manifestó que su financiación es insuficiente.

Según De Miguel, en el año 2015 la ley no financiará adecuadamente el gasto que la Comunidad Valenciana empleará en los servicios que se prestan a las personas dependientes. "Nuestros cálculos nos dicen que si estamos gastándonos casi 400 millones en este año en dependencia y lo que podamos recibir en el 2015 puedan ser unos 200, es insuficiente", explicó.

Además, subrayó que los convenios que el Ejecutivo central firmará con las distintas comunidades autónomas para fijar las carteras de servicios provocarán diferencias entre ellas.

Por su parte, la secretaria general de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, se mostró convencida de que finalmente habrá acuerdo entre ambos gobiernos, aunque ello dependa del esfuerzo de la Comunidad Valenciana, y añadió que ésta incrementará su presupuesto para llevar la ley adelante.

"Estamos seguros de que el consenso se alcanzará con la Comunidad Valenciana y con todas las comunidades autónomas. Estamos seguros de que la Comunidad Valenciana estará dispuesta a incrementar notablemente los presupuestos que este año y en los próximos va a dedicar a la atención a las personas mayores y a las personas dependientes", dijo Valcarce.