El anuncio lo hizo hoy tras la reunión celebrada en la sede de la Consejería castellayleonesa en Valladolid, dentro de la ronda de intercambio de experiencias sobre la aplicación de la dependencia que el vicepresidente social inició la pasada semana en Murcia y que continúa esta misma tarde en Madrid.

Tras el encuentro ambos consejeros han coincidido en la necesidad de reclamar al Gobierno central una mayor financiación económica para la atención a las personas dependientes, "problema que está afectando a todas las comunidades autónomas, independientemente de su signo político, puesto que lo que nos preocupa es la atención a las personas y sus familias".

Por ello, Cotino indicó que con el fin de que el Gobierno central escuche las reivindicaciones de todas y cada una de las autonomías, hemos pedido la reunión del foro en el que las 17 comunidades estamos representadas".

NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

En el transcurso del acto, el vicepresidente valenciano manifestó que "no queremos comunidades de primera y de segunda, lo único que reclamamos al gobierno central es que una persona dependiente pueda recibir las mismas ayudas independientemente de donde resida, sea en el País Vasco, en Cataluña o en Andalucía".

"Lo que hemos observado hasta el momento es que hay algunas comunidades autónomas que están recibiendo mayor financiación del gobierno central y lo que estamos reclamando consiste en implantar un modelo de financiación que garantice fondos económicos suficientes para todas las personas dependientes de España", dijo.

Insistió en que el Gobierno central debe reconocer el esfuerzo económico que están soportando las comunidades autónomas para atender a las personas dependientes y "comprometerse verdaderamente con la financiación de las prestaciones y los servicios que se ofrecen".

En este sentido, destacó que tres meses después de haber comenzado el año, "en la Comunitat Valenciana todavía no hemos recibido ni siquiera el borrador del convenio que tenemos que firmar con el Ministerio para recibir financiación durante 2008, por lo que exigimos que nos sea remitido lo antes posible, y no esperen a la última semana hábil del año, tal y como hicieron en 2007".

Por otra parte, criticó que un año después de la entrada en vigor de la ley de dependencia todavía no se haya concluido su desarrollo normativo, "puesto que el gobierno central todavía no tiene claro el criterio que aplicará para determinar instrumentos básicos para la aplicación del sistema de dependencia como la acreditación de los centros y el copago".

Así, explicó que el Gobierno central está barajando la posibilidad de que la acreditación de centros se establezca por un acuerdo entre las comunidades autónomas que podría tardar más de un año en concretarse, tal y como contempla el propio borrador presentado.

Del mismo modo, agregó, el Ministerio de Asuntos Sociales pretende volver a dejar en manos de las comunidades autónomas el importe que deberá pagar cada dependiente, es decir el copago.

A su juicio, de esta forma la ley "está perdiendo su definición nacional puesto que cada vez es más lo que diferencia a las comunidades autónomas en la aplicación de la dependencia, creándose 17 sistemas diferentes de atención a la dependencia y por lo tanto generando desigualdades en el tratamiento de las personas dependientes según en qué comunidad residan".