Para el comisionado parlamentario de Galicia, existe dejacción de funciones e incumplimiento de responsabilidades en buena parte de la administración local en materia de asistencia social. El Valedor apunta la posibilidad de que en Galicia haya entre dos mil y tres mil personas que se ven obligadas a vivir en la calle.

En su informe correspondiente al año 1993, que en las próximas semans deberá ser debatido en el pleno del Parlamento, el Valedor estima que en Galicia existen numerosas personas y colectivos con una protección social deficiente, que quedan al margen de las ayudas establecidas por falta de información elemental o por carencia de asistentes sociales que les orienten y les ayuden a tramitar sus solicitudes.

El Valedor constata que hay todavía muchos ayuntamientos gallegos que carecen de asistente social, al tiempo que también las mancomunidades apenas cuentan con medioscanales de funcionamiento.

A su juicio, "sólo así se explica que a los doce meses de entrar en vigor la Ley gallega de medidas básicas para la inserción social casi el 80% de la partida presupuestada el año 92 quedase sin gastar, que 83 municipios de Galicia (donde hay 313 ayuntamientos) no tramitasen ninguna ayuda social y, lo que es aún más significativo, que no pocos de esos municipios desde los que no se tramitó ninguna solicitud de ayuda pertenezcan a las zonas más deprimidas de Galicia, lo que cusaría indicios de una clara dejación de funciones o incumplimiento de responsabilidades a niveles de administración pública local".

El Valedor incluso cree que en las propias ciudades gallegas, pese a existir proliferación de iniciativas sociales, falta una verdadera coordinación de fondo en la prestación de servicios a las personas y colectivos menos favorecidos.

Como un paso importante para hacer frente a las carencias en esta materia, el Valedor do Pobo reitera en su informe de este año la ptición de que las administraciones públicas den prioridad a la labor de elaborar un censo de marginados, solicitud que la institución que ejerce en Galicia funciones similares a las del Defensor del Pueblo en España ya había planteado en su informe correspondiente a 1992. El Valedor también apunta que los trámites para la concesión de ayudas sociales se hagan de oficio y desde la administración, cuando sea necesario.

El Valedor recoge en su informe la cifra de 40.000 marginados que viven en España en a calle, según una estimación de la Federación de Asociaciones de Centros para la Atención y Rehabilitación de Marginados (FECIAM), y se pregunta: "¿Cuántas personas hay en Galicia que se ven obligadas a vivir en la calle? ¿Dos mil, tres mil? ¿Se ha ocupado alguién de contarlas siquiera?".