Valcárcel indicó que "la correcta planificación de la ordenación territorial exige la obligación por parte de los ayuntamientos de transmitir a sus ciudadanos que las decisiones que se toman en estas materias se hacen con total transparencia, buscando exclusivamente el interés general e impidiendo cualquier irregularidad",

El proyecto de Decálogo contempla, en primer lugar, que en todo expediente urbanístico que pueda comportar el cambio de la clasificación del suelo deberá constar una declaración por escrito realizada por todos los miembros de la corporación municipal en la que conste que no ostentan propiedad alguna -ni ellos ni sus familiares directos- en cuanto a los bienes inmuebles afectados por ese expediente.

En el caso de afectar a alguna propiedad de los concejales o alcaldes, se hará constar en dicho expediente que se hará público y el miembro afectado se abstendrá de intervenir en todo el proceso.

Asimismo, propone que la apertura de cualquier expediente que implique la realización de un convenio urbanístico o proceso de recalificación de terrenos será, tras su publicación en el Boletón Oficial de las Región de Murcia, inmediatamente expuesto en la web del ayuntamiento así como en el tablón de anuncios del consistorio.

NO A LOS TECNICISMOS

Otras de las medidas tienen que ver con el lenguaje administrativo, así como con la simbología de los distintos planos que se utilicen en estos expedientes, que debe ser "sencillo y huirá de la utilización de excesivos tecnicismos".

El Decálogo contempla que los ayuntamientos se dotarán de un reglamento municipal de gestión de convenios urbanísticos, en el que se regulará el procedimiento de tramitación de dichos instrumentos, prestandoespecial atención a la publicidad de los mismos.

También se creará un Registro municipal de convenios urbanísticos, como medio para instrumentar la disponibilidad de la información relativa a los mismos, favoreciendo de ese modo la pública consulta por parte de cualquier ciudadano.

Además, en todo expediente urbanístico que comporte trámite de información pública, se dictará un bando informativo para favorecer su conocimiento y promover la máxima concurrencia. En el caso de alegaciones, el ayuntamiento se dotará de modelos que busquen la simplificación de estos trámites.

Con el fin de asegurar la participación en los procesos de planificación y gestión urbanística de los principales agentes sociales con interés en la materia, se creará el Consejo Municipal Sectorial de Urbanismo.

Finalmente, toda la documentación que sea requerida a los ayuntamientos por los interesados en virtud del compromiso adquirido por estas medidas, será facilitada a la mayor celeridad por los servicios administrativos del consistorio.