Así lo expresó durante su intervención en la conferencia inaugural de las jornadas "Nuevo Sistema Nacional de Dependencia", organizadas por Recoletos Conferencias y Formación con el fin de analizar diversos aspectos del Proyecto de Ley de Dependencia, recientemente aprobado en Consejo de Ministros.

Según explicó la secretaria, la implantación de este sistema se realizará "de forma gradual" desde su entrada en vigor, en 2007, hasta el año 2015 y requerirá una aportación de 12.639 millones de euros por parte del Estado, así como una cantidad similar por parte de las comunidades autónomas. A su juicio, se trata de "una financiación suficiente, estable y sostenida en el tiempo".

Durante el acto, Valcarce repasó los principales aspectos relativos a esta normativa. En primer lugar, insistió en que se trata de "un proyecto de gran dimensión social que permite crear un nuevo derecho universal, subjetivo y perfecto" y que "responde a la voluntad y al compromiso firme del Gobierno con la sociedad española".

"Nos encontramos ante una nueva oportunidad y ante un gran reto social que reforzará el estado de bienestar y cuya importancia es sólo comparable a la implantación, en los años 80, del Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo y el Sistema de Pensiones", sentenció.

Recordó también que el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia "establecerá un nuevo derecho universal de ciudadanía que garantiza atención y cuidados a las personas dependientes (aquellas que no se pueden valer por sí mismas, en su mayoría personas mayores) en igualdad de condiciones".

Entre las prestaciones previstas, destacó los servicios de teleasistencia, la atención domiciliaria, en centros de día o de noche, que, según dijo, "tendrán un carácter prioritario", así como la ayuda económica para los cuidadores familiares o asistentes de este colectivo, entre otras.

También señaló "el impacto positivo" que, según dijo, tendrá el Sistema Nacional de Dependencia en materia de empleo, "pues creará 300.000 nuevos puestos de trabajo durante los próximos diez años".

Finalmente, subrayó la importancia de "potenciar al máximo la coordinación y cooperación" entre la Administración central, las comunidades autónomas y los gobiernos locales para la puesta en marcha de esta iniciativa, así como entre los servicios sociales y sanitarios para el desarrollo de programas de prevención de situaciones de dependencia, entre otras cuestiones.