Este grupo argumenta que la aprobación de la Ley de Residuos en 1998 y del Plan Nacional de Residuos Urbanos "no está garantizando la existencia de una política efectiva en todo el territorio español en materia de residuos", y denuncia que "ambos instrumentos contienen obligacones que el Gobierno no ha desarrollado hasta el momento, como son las normas específicas para determinadas categorías de residuos o los planes específicos para los residuos especiales".

También expone que no se ha desarrollado la legislación en materia de residuos peligrosos y duda de la capacidad del Gobierno para ejecutar el conjunto de planes y programas contenidos en el Plan Nacional de Residuos Urbanos, cuyos objetivos sólo serán alcanzables si la financiación está asegurada.

El PSOE insist en que la gestión de los residuos constituye uno de los problemas ambientales más importantes en España, lo que puede acarrear graves perjuicios, y concluye que se hace necesario impulsar los cauces de financiación y de colaboración interadministrativa para asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Unión Europea y por las leyes aprobadas por las Cortes Generales.