Fuentes ministeriales confirmaron a Servimedia que las comunidades autónomas tienen como plazo máximo hasta el próximo martes para remitir sus propuestas de destrucción de las Mercancías Específicas de Riesgo (MER), puesto que se trata de una competencia de los gobiernos regionales.

A la vista de las propuestas, el Gobiero central intentará fijar un plan de tratamiento de residuos a nivel nacional, que unifique los sistemas y evite el riesgo de transmisión o llegada a la cadena alimentaria de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).

Además del volumen habitual de residuos cárnicos que proceden de los mataderos, a partir de enero tendrán que ser incineradas otras 9.000 toneladas mensuales de carne correspondiente a 26.000 vacas de más de 30 meses que se comenzarán a sacrificar por el riesgo de que puedan tener la enermedad.

Por el momento, Agricultura estudia la oferta que ha realizado la patronal de productores de cemento (Oficemen) de utilizar sus hornos para destruir las harinas y residuos tóxicos y la posibilidad de que los fabricantes de harinas animales (Anagrasa) continuen convirtiendo desechos cárnicos en harinas que luego serían incineradas.