Entre las mencionadas fechas, los ciudadanos europeos tendrán la seguridad de que ningún bovino que supere los 30 meses de edad entrará en la cadena alimentaria si no ha superado con éxito los test de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).

Para absorber los excedentes no aptos para el consumo humano en la Unión y compensar la caída de los prcios de esta carne, el Comité de Gestión del Ganado Vacuno fijó ayer los precios de compra de las reses desechadas en cada país comunitario.

Bruselas corre con un 70% de los gastos, mientras que los gobiernos nacionales de los Quince asumirán el 30% restante. Las ayudas máximas para los ganaderos de nuestro país son de 46.588 pesetas por vaca y de 89.182 por cada novilla.

Tras la reunión de ayer, en la que no se obtuvo una mayoría cualificada ni a favor ni en contra de las medidas propuestas por l Ejecutivo europeo, el acuerdo político al que llegaron los ministros de Agricultura el pasado 4 de diciembre ya está listo para entrar en funcionamiento, aunque falta que la Comisión proceda a su adopción formal. Esta podría llegar en los próximos días.

Los ganaderos europeos tendrán tres opciones: no acogerse de forma voluntaria a la destrucción de las reses en espera de la introducción obligatoria de los test a partir del 1 de julio, realizar las pruebas y eliminar a las reses que den positivo o dstruirlas directamente. En cualquier caso, los animales que superen los dos años y medio de edad no podrán entrar nunca en la cadena alimentaria europea si no han sido sometidos a los test de detección de la EEB.