Según ha podido saber Servimedia, se da así cumplimiento al acuerdo logrado anoche por Agricultura con la mayoría del sector cárnico y que sólo contó con la oposición de las asociaciones de ganaderos Upa y Coag y los productores de Confecarne, queno firmaron por considerar que se soluciona el asunto de las harinas pero no la recogida de Materiales Específicos de Riesgo (MER).

Según explicó el subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, se trata de que los costes de eliminación de las harinas se trasladen "paulatinamente" a los consumidores y cifró la "mínima" subida de la carne entre 3 y 6 pesetas por kilo.

Con este importe, Agricultura soluciona el coste de destrucción de las harinas cárnicas que dejó de pagar el 31 de diciembre pasadoque supusieron un coste de unos 168 millones de euros (28.000 millones de pesetas), que ahora pagarán los consumidores.

TASA ENCUBIERTA

Los no firmantes han denominado la subida como una "tasa encubierta" que se pone en marcha mediante una modificacición de las facturas de los mataderos.

La Orden añade un nuevo epígrafe bajo la denominación de "costes totales de la gestión y eliminación de los subproductos generados", y que debe ser de obligado cumplimiento por parte del sector.

De esta mnera, los mataderos elevan el precio y el resto de operadores cárnicos trasladan este incremento de coste hasta llegar al consumidor.

Sin embargo, esta medida no contenta totalmente a los ganaderos que consideran que, dado que el asunto de las harinas cárnicas es un problema de "salud pública", según denunció a Servimedia el secretario general de Upa, Fernando Moraleda, debe ser el Estado quien costee este problema.

Mientras, desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) se segura que el Gobierno no está dando "una solución global" al asunto de destrucción de residuos y lo único que hace es repartir la carga entre dos sectores: los consumidores (que pagan la retirada de harinas) y los ganaderos (que costean la destrucción de los MER).

Por su parte, los consumidores ya han puesto el grito en el cielo. En declaraciones a Servimedia, la presidenta de la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), Isabel Avila, tachó de "inaceptable" que los conumidores acaben siendo las "víctimas" del caso de las "vacas locas". Mientras, el director de la OCU, José María Múgica, tachó de "injusta" la medida y criticó la "inoperancia" del Gobierno para resolver estos asuntos.