La propuesta figura en un proyecto de ley electoral sindical que USO remitirá al Ministerio de Trabajo, a las demás centrales sindicales y a los grupos parlamentarios, ante la reform de la actual normativa anunciada por la Administración.

La principal novedad de la propuesta de USO es la tipificación del delito electoral, en el que incurrirán los sindicatos y funcionarios que manipulen firmas o documentos y los empresarios que favorezcan a una candidatura en perjuicio de las competidoras, entre otras prácticas fraudulentas.

También aboga por excluir del cómputo de los resultados, a efectos de determinar la representatividad de los sindicatos y el consiguiente derecho a subveciones y participación en organismos institucionales, a las empresas de menos de treinta trabajadores.

Según Zaguirre, es en estas empresas donde se concentra el fraude electoral y la única manera de atajarlo es reconocerles el derecho a elegir delegado sindical, pero excluyendo sus resultados del cómputo general.

USO defiende también el control judicial de las elecciones, haciendo que la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales (CNES) esté presidida por un magistrado del Tribunal Supremo, acomañado de dos magistrados más, un inspector de Trabajo y tres juristas de reconocida prestigio, y que los sindicatos tengan únicamente voz pero no voto.

DERECHO AL VOTO

Por otra parte, USO propone que sean elegibles como delegados los mayores de 18 años, como ocurre ahora, pero que la posibilidad de votar o ser votado se extienda a todos los trabajadores en cuanto tengan una antigüedad de un mes en la empresa.

Otras modificaciones sugeridas por esta central sindical consisten en reconocer a los rabajadores de las empresas el derecho a promover elecciones sindicales por acuerdo favorable del 20 por ciento de la plantilla, y permitir el acceso de los sindicatos a espacios gratuitos en televisión durante el periodo electoral.

Zaguirre afirmó que la propuesta de USO es un "documento abierto" a la reflexión, cuyo principal objetivo es acabar con la "atomización" de la normativa electoral sindical y poner coto al fraude.

Recordó que el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, invitó a las cetrales sindicales a hacerle llegar sus propuestas en esta materia en el primer trimestre de 1992. A su juicio, el silencio podría ser interpretado por la sociedad como connivencia con el fraude.