Este sindicato recuerda que la reforma laboral lleva aparejada una srie de incentivos para que el empresario transforme el empleo temporal en indefinido: bonificaciones a la Seguridad Social, incentivos fiscales y subvenciones de las comunidades autónomas.

Pone como ejemplo el caso de un vigilante jurado, que percibe un sueldo anual con pagas extras de 2.265.912 pesetas. Por bonificiaciones a la Seguridad Social, la empresa puede obtener 356.832 pesetas en dos años, mientras que las subvenciones de la autonomías (cuyo tope máximo es el 60% del coste salarial anual) puden llegar a 2.719.094 pesetas en dos años para este caso.

Por contra, la empresa, transcurridos los dos años, puede decidir despedir al vigilante jurado quien, de acuerdo con la nueva normativa, cobraría una indemnización de 327.296 pesetas, si el despido es improcedente, y de 198.361 pesetas si es procedente.

CONTROLES

Por tanto, USO concluye que es necesario imponer controles sindicales que eviten la realización de contratos indefinidos con el único fin de acceder a las ayudas. Para esta cenral, se debería exigir a la empresa el compromiso de no amortizar en el plazo de cinco años los puestos de trabajo creados.

La excepción sería el despido disciplinario, pero condicionado al acuerdo previo con los representantes de los trabajadores. También sugiere que debería establecerse un porcentaje mínimo de contratos fijos. USO asegura que todas estas actuaciones son imprescindibles para comprobar si la creación de empleo indefinido va a ser firme o "una mera cuestión de imagen".