Las dos letradas explican en una nota que entre los inmigrantes que no podrán regularizarse se encuentran "los que han sido despedidos" por sus empleadores. También lamentan que de este proceso no puedan beneficiarse "cónyuges dependientes y menores de edad".

Por su parte, el secretario general de USO-Madrid, Jesús Juberías, aseguró que los tres meses de este proceso "han estado marcados por las largas colas y la desorientación de los afectados que han visto variar los documentos necesarios para lograr la regularización a través del empleo".

Finalmente, este sindicato destacó que asesoró sobre esta iniciativa del Gobierno a más de 500 inmigrantes y empresarios entre los meses de enero y abril.

El 33,7 % de estos usuarios son ecuatorianos y el 18,3% colombianos. Asimismo destacan los colectivos argentino (8,2%), ucraniano y rumano (5% cada uno).