Lo dijo en una entrevista en RAC 1 recogida por Servimedia en la que explicó que el hecho de que haya sido Cultura el encargado de tomar esta decisión se debe a que es este departamento el encargado de gestionar el Protectorado de Fundaciones, que “deben cumplir la ley”, incluyendo la de Memoria Democrática.

También expuso el proceso que desembocaría en la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, el cual se desarrollaría en tres fases: la primera consiste en el inicio de actuaciones previas que ahora comienza, consistente en la petición de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal; la segunda será la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la Fundación Francisco Franco y la apertura del periodo de alegaciones; y la tercera comprendería la petición de un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del que Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción.

Urtasun señaló que las asociaciones memorialistas “hace tiempo” que reclamaron la apertura de este procedimiento, que, si bien “no es automático, se debía iniciar en algún momento”. Esto le sirvió para constatar que “vamos tarde” en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, cuya aprobación tuvo lugar en 2022.

El ministro indicó que los jueces tendrán la última palabra en la ilegalización de la Ley de Memoria Democrática, lo que demuestra que “el proceso es extremadamente garantista”. A pesar de ello, aseveró que el Ministerio de Cultura aplicará la Ley de Memoria Histórica “hasta las última consecuencias”.

Urtasun fue también preguntado por las declaraciones del portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha llamado a esperar el contenido de lo que “plantea el Gobierno, cómo lo hace, si tiene un marco constitucional”, advirtiendo de que "si se abre este melón, habrá quienes quieran que este melón tenga otras partes y esto puede ser muy delicado”.

El titular de Cultura deploró que al PP “le cueste tanto denunciar el franquismo, los crímenes del franquismo, el régimen franquista”, lo que supone “una anomalía en Europa”, ya que “la mayoría de los partidos conservadores europeos tienen raíces antifascistas y no se plantean aliarse con la ultraderecha”.

Por su parte, Urtasun exigió la dimisión “inmediata” del presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne, por “humillar a las víctimas del franquismo” en una sesión de esta Cámara en la que rompió una fotografía de Aurora Picornell, asesinada por el franquismo.

En ese sentido, afirmó que “estas cosas pasan porque el PP ha decidido abrir la puerta de las instituciones a la extrema derecha”, lo que provoca “se haga una relectura de la historia” o que “se humille a las víctimas del franquismo”. “La culpa es del PP”, reafirmó.

El ministro advirtió de que “estamos en un marco en el que se aprueban leyes de concordia que equiparan a la Segunda República y al franquismo, y eso es gravísimo”. No obstante, señaló como “responsable de todo esto” al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ante esta situación, apuntó que el Gobierno tiene que responder con el “despliegue máximo” de la Ley de Memoria Democrática, como dijo que hace su departamento iniciando los trámites para ilegalizar a la Fundación Nacional Francisco Franco.