La sentencia, de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, considera probado que en 1991 José Luis Urrusolo Sistiaga formaba parte de un comando de ETA que decidió atentar contra alguna de las empresas que habían participado en la construcción de la autopista del Valle de Leiza, por el supuesto impacto ambiental de esa obra.

Así, eligieron la empresa Construcciones Atocha y Urrusolo Sistiaga logró obtener la información sobre su presidente y la ubicación de su sede.

Los etarras prepararon un paquete bomba con 3 kilos de amonal y le colocaron un mecanismo para explotar en el caso de que los artificieros lo localizasen y tratasen de proceder a su desactivación.

El 11 de junio de 1991, uno de los miembros del comando se desplazó a Toledo con un paquete bomba y lo despositó en la empresa Servitrans para que lo entregasen el día siguiente en Madrid en la dirección que habían averiguado.

El paquete fue transportado a Madrid, pero no pudo ser entregado porque la empresa a la que iba dirigido el sobre había cambiado de dirección.

"Al ser devuelto el paquete a lo locales de Servitrans (...) el personal de la empresa trató, poniéndose en contacto con su sede de Toledo, de localizar al remitente, lo que les permitió darse cuenta de que el remitente era ficticio, ante lo cual decidieron dar aviso a la policía", relata la sentencia.

Una vez acordonada la zona, dos miembros del servicio de desactivación de explosivos, Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez, se hicieron cargo del paquete y lo llevaron a la furgoneta policial.

En el momento en que se disponían a examinar el artefacto para proceder a su desactivación, la bomba explotó, acabando con la vida de los dos artificieros e hiriendo a otras diez personas más. Los dos agentes fallecidos estaban casados y tenían varios hijos.

Para los magistrados, los hechos descritos son constitutivos de doce delitos de asesinato, diez de ellos frustrados, y un delito de estragos, por lo que procede imponer a Urrusolo Sistiaga un total de 296 años de prisión.

Asimismo, condenan a Urrusolo Sistiaga a indemnizar con 350.000 euros a cada una de las familias de los dos artificieros asesinados.