El que fuera secretario general del PSN-PSOE y su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, fueron conducidos a primeras horas de esta mañana a Pamplona desde la cárcel de Logroño, en la que llevan presos más de tres meses por un delito de cohecho continuado.

Esta es la última diligencia practicada por el magistrado que ha llevado esta instrucción, Juan Manuel Fernández, quien hoy mismo tiene que dejar el juzgado para incorporarse a la Audiencia Proincial de Navarra como magistrado.

Antes de este cambio en el juzgado de instrucción número 1 de Pamplona, el juez Fernández quería volver a tomar declaración a los dos principales inculpados en la "trama Urralburu".

Sin embargo, el ex presidente foral se acogió a su derecho a no declarar y se limitó a reiterar su petición de puesta en libertad.

Por el contrario, Antonio Aragón sí se prestó a testificar, aunque sus manifestaciones poco han ayudado a aclarar el caso. El ex dirigente socialist, en contra de las opiniones vertidas en el juzgado por alguno de los responsable del departamento de Obras Públicas, negó rotundamente que fuera él quien señalara las empresas que debieran resultar adjudictararias de las grandes obras acometidas en Navarra de 1987 a 1991.

Frente a la documentación que obra en poder del juez, Aragón volvió a negar que su sociedad patrimonial, Copcan, recibiera dinero alguno procedente de las mencionadas constructoras. Según sus manifestaciones, firmas como Huarte, Obrscon o Aldesa jamás le pagaron comisiones por la adjudicación de obras.

De acuerdo con las manifestaciones de Aragón, una decisión exclusiva de los técnicos del departamento, que de forma informal conocía el Gobierno de Gabriel Urralburu, era la que llevaba a una u otra constructora a resultar adjudicataria.

Contra las informaciones facilitadas por la policía de Suiza, el ex consejero navarro aseguró que nunca viajó o coincidió en este país con el testaferro de Roldán, Jorge Esparza, y que él y s esposa hayan estado en Amsterdam, tal y como informó un periódico nacional.