En concreto, hoy tuvo lugar en el Tribunal Supremo la toma de posesión del magistrado José Augusto de Vega como presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, cargo para el que fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 20 de noviembre.

Asímismo, tomaron posesión como magistrados de la Sala Terera y Cuarta, respectivamente, José Mateo Díaz, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y Fernando Salinas Molina.

A pesar de que estaba prevista la asistencia de Ortiz Urculo a este acto, que contó con la presencia de numerosas personalidades del mundo judicial, el fiscal general del Estado permaneció en su despacho de la fiscalía. Además, otros fiscales que se desplazaron al Tribunal Supremo no entraron en el salón de actos como señal de protesta.

De este modo, Ortiz Urculo mstró su desacuerdo con dichas normas, que prevén que sólo podrán estar en la mesa presidencial en los actos oficiales del Tribunal Supremo los miembros de la Sala de Gobierno, encabezados por el presidente del Alto Tribunal, Javier Delgado, quien sí acudió a las tomas de posesión.

El anterior fiscal general del Estado, Carlos Granados, recurrió dicho acuerdo, adoptado el pasado 4 de mayo por la Sala de Gobierno, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el cual acordó revocarlo el 17 de septimbre tras considerar que la Sala de Gobierno no era la competente para regular el protocolo en los actos judiciales, que corresponde al máximo órgano de Gobierno de los jueces.

Esta resolución fue adoptada en vísperas del acto de apertura del año judicial, celebrado el pasado 23 de septiembre bajo la presidencia del rey don Juan Carlos, lo que permitió que Ortiz Urculo ocupase un lugar en la mesa presidencial.

Sin embargo, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo decidió posteriormente aplicar nuvamente su acuerdo, lo que motivó que el fiscal general del Estado tampoco asistiese el pasado 2 de octubre a la toma de posesión de Eduardo Torres Dulce como nuevo jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, a pesar de que ese nombramiento fue a propuesta suya.

Fuentes del Tribunal Supremo justificaron entonces la nueva aplicación de las normas de la Sala de Gobierno indicando que la resolución del CGPJ hacía referencia únicamente a los actos judiciales públicos y solemnes, como a apertura del año judicial, pero no a los actos gubernativos, como las tomas de posesión.