Díez dijo que dan ese apoyo, "aunque tengamos objeciones acerca de su contenido instrumental y seamos conscientes de su alcance limitado para afrontar la crisis tanto financiera como, sobre todo, económica".

Expresó su confianza en que la acción concertada de los Gobiernos europeos evite el "desplazamiento masivo de capital entre unos países y otros", lo que podría "agravar la crisis financiera y, posiblemente, desencadenar el definitivo hundimiento del sistema".

Sin embargo, la diputada de UPyD aclaró que, "siendo positivos los pasos dados, no está garantizado que sean suficientes y que la crisis haya sido conjurada".

Díez lamentó que estas propuestas se tramiten en el Parlamento como decretos-ley, y no como proyectos de ley, para así "poder enmendarlos".

No obstante, la dirigente de UPyD aclaró que no condicionarán su apoyo a esa exigencia, "por dar una muestra de responsabilidad".

Pero, al apoyar los decretos, puntualizó, "no damos al Gobierno un cheque en blanco para que actúe sin limitación alguna. Nuestro voto será exigente con el Gobierno para que su política se conduzca con la responsabilidad que se reclama por los ciudadanos", continuó.

Enumeró cuatro ámbitos en los que "serán exigentes", como la "transparencia, control y traslación a las entidades financieras del coste de la intervención del Estado", ya que la adquisición de activos, concesión de avales o adquisición de participaciones en el capital "debe ser lo más transparente posible".

Además, advirtió que estas medidas no "deben sustituir" a los controles que, para preservar la estabilidad del sistema financiero español, pudiera tener que adoptar el Banco de España interviniendo en entidades financieras que, eventualmente, afronten una situación técnica de quiebra.

Por otra parte, "la intervención del Estado debe eludir el problema del riesgo moral y transmitir un mensaje claro a las entidades financieras de que han de asumir los costes de sus errores de gestión".

Díez concluyó que "las actuaciones sobre el sistema financiero no ocultan las carencias de la política económica del Gobierno en orden a afrontar la crisis de la economía real".