El decálogo que UPTA ha elaborado para estas elecciones y al que ha tenido acceso Servimedia se titula ‘Autónomos en la nueva economía 23/27’ y defiende las iniciativas propuestas como las que “garantizarían los mecanismos necesarios para que los autónomos puedan ser mucho más competitivos en la nueva economía”.

En el documento, UPTA asegura que apoyará “sin fisuras” los programas electorales que “cumplan con nuestro modelo de transformación del empleo por cuenta propia”.

La organización sitúa como primera y segunda medida la transformación digital de los autónomos mediante una mayor digitalización y la formación en competencias profesionales haciendo los ciclos formativos más cortos y especializados, acumulables a efectos de certificaciones futuras.

La tercera medida que promueve UPTA es la lucha contra los falsos autónomos mediante el registro obligatorio de los autónomos que son económicamente dependientes de una empresa, denominados ‘Trade’. La Agencia Tributaria, mediante el cruce de datos de las declaraciones fiscales y el registro, puede detectar posibles falsos autónomos y facilitar que la Inspección de Trabajo lo investigue. En la actualidad no es obligatorio el registro como ‘Trade’, lo que lleva a que no estén todos.

"VAMPIRISMO ECONÓMICO"

En cuarto lugar, UPTA propone que los autónomos tengan mayor acceso a los contratos públicos dando más importancia a la valoración técnica en detrimento de la económica. Se queja de los “abusos” por parte de grandes empresas que se adjudican contratos públicos que terminan subcontratando con autónomos. Es lo que el presidente de UPTA, Eduardo Abad, llama “vampirismo económico” de las grandes empresas hacia los autónomos, en declaraciones a Servimedia. Mientras, hay licitaciones que quedan desiertas porque las grandes empresas no optan y los requisitos económicos para los autónomos son demasiado elevados.

Como quinta iniciativa, UPTA sitúa la protección de los sectores tradicionales como el comercio local, “gravemente afectado por la competencia de las grandes cadenas de distribución y el comercio electrónico”.

En este punto, propone devolver la competencia autonómica en materia de regulación de periodos de rebajas para que cada territorio “pueda adaptarse a sus peculiaridades” y “derogar la liberalización” de horarios.

Respecto al comercio electrónico, pide una “ordenación racional” a escala nacional y europea para evitar “dumping empresarial”, señalando que las grandes plataformas venden directamente al consumidor a un precio más bajo.

La organización que preside Abad aboga en la sexta medida por “promocionar” la financiación y la asistencia técnica a los pequeños negocios con el fin de que aumenten su tamaño, “bien a través de una fiscalidad favorable de la capitalización de sus inversiones o a través de un modelo de asociacionismo entre los autónomos”. Igualmente, pide líneas de avales para inversión y circulante, particularmente para destinarlas a renovar equipos.

La séptima propuesta busca impulsar el entorno rural y el apoyo a iniciativas que surjan en el mismo ante el reto demográfico.

FISCALIDAD Y JUBILACIÓN

La octava iniciativa se refiere a la fiscalidad y reclama que se equipare a la que tienen las sociedades en cuanto a las deducciones de los gastos asociados a la actividad. Reclama una Comisión Consultiva del Régimen Fiscal del Trabajo Autónomo en la que esté representado el colectivo y que estudie las deducciones.

Abad explicó a esta agencia que actualmente existe una mesa en la que se abordan cuestiones fiscales de los autónomos pero que es “puramente consultiva” y la pretensión de su organización es proponer modificaciones para que las deducciones fiscales de gastos de las sociedades se extiendan a los autónomos que declaran por IRPF. “El autónomo tiene la tasa fiscal más elevada que cualquier sociedad del Ibex”, se quejó.

La penúltima medida consiste en que algunas actividades de autónomos que conlleven “esfuerzo físico o psíquico” como la construcción, el transporte de mercancías y el de viajeros puedan ser consideradas penosas y acceder a la jubilación anticipada con coeficientes reductores de “al menos el 0,15”. También exige que los autónomos mayores de 52 años en paro accedan al subsidio para los desempleados de esa edad del Régimen General.

En último lugar, propone la participación del colectivo en órganos institucionales, comisiones o comités de carácter público en los que se tomen decisiones que les afecten, a través del Consejo del Trabajo Autónomo, cuando se constituya, o de las asociaciones más representativas.

Abad definió este programa como “una apuesta por la modernidad, el futuro y la transformación del tejido productivo” que quiere trasladar a los partidos políticos y ya ha solicitado reuniones con sus líderes.