Con cifras de 2021, la media del tipo impositivo de las empresas fue de en torno al 11,2%, mientras que los autónomos afrontaron un cargo del 23,19%, lo que según explicó a Servimedia el presidente de UPTA, Eduardo Abad, se debe “en buena parte” a la “discriminación que existe con las deducciones a las que “empresas y autónomos tenemos derecho en este país”. Y por ello, prosiguió, es "necesario hablar de brecha fiscal real y no teórica", ya que se trata de ver "lo que al final se paga".

“Los autónomos no podemos deducirnos gastos que las empresas se deducen en el impuesto de sociedades”, lamentó Abad, que puso como ejemplo los gastos de locomoción. Así, una empresa que tiene una flota de vehículos para directivos se deduce los costes de esa flota, incluidos los relacionados con los carburantes. En cambio, los autónomos no se lo pueden deducir si no es un vehículo de uso exclusivo para la actividad profesional, aunque también lo empleen en su trabajo.

Otro ejemplo es que los autónomos no pueden deducirse los gatos de manutención porque tienen que demostrar que es debido al desarrollo de su actividad y en muchas ocasiones “es prácticamente imposible, pues a veces se trata de un primer contacto con un cliente y, en consiguiente, no hay ninguna factura que demuestre una operación”, relató Abad. Sin embargo, señaló que las empresas se deducen los gastos de manutención como comidas de trabajo, con costes “cuatro veces superior a lo que cuesta un menú del día ordinario”.

Asimismo, el presidente de UPTA afeó que los autónomos solo se puedan deducir el 9% de los gastos correspondientes a la superficie declarada del domicilio que se emplea para poder desarrollar una actividad profesional. “Por eso es tan importante hablar de esta brecha fiscal”, enfatizó Abad.

FRAUDE

En paralelo, exigió tratar la “doble vara de medir” que usa en ocasiones la Agencia Tributaria con los autónomos y las empresas, dado que a todo lo anterior, hay que sumar que estas últimas recurren con mayor frecuencia y facilidad a la “evasión o el fraude fiscal” y no se destinan “los recursos suficientes para perseguir esta conducta con toda la energía que hace falta”.

“Cuando un autónomo recibe una carta de la Agencia Tributaria se producen sudoraciones porque puede ser o una multa de tráfico o la revisión de un impuesto ya liquidado. ¿Y qué ocurre? Que un pequeño autónomo, ante la disyuntiva de pagar aunque crea que es injusto o enfrentarse a todo un aparataje de la Administración, lo normal es que el autónomo toma la decisión de hacer el pago sin hacer siquiera una revisión exhaustiva de lo que le están reclamando”, manifestó Abad.

Por el contrario, indicó que las empresas tienen capacidad para “pelear” con Hacienda y en ocasiones contratan incluso a abogados especialistas en fiscalidad que han sido antes inspectores de Hacienda. “Esto es vergonzoso”, prosiguió el presidente de UPTA, quien se mostró a favor de que los autónomos afronten todos los pagos de impuestos, pero “en igualdad de condiciones que las empresas”.

A su juicio, “donde existe el fraude fiscal es en los evasores o defraudadores de Hacienda, bien sean personas físicas con sociedades interpuestas y evidentemente empresas que lo que hacen es tener sedes fiscales fuera de nuestro país con complejos entramados difíciles de detectar”.

“Nosotros exigimos que nuestro colectivo cumpla con las buenas prácticas fiscales, pero tenemos que pedir a la Administración que destine los recursos necesarios para asegurar que las grandes empresas también cumplen en este país”, aseveró.

“Que vuelquen los esfuerzos en ese ámbito, que es donde se produce en 90% del fraude”, Inquirió Abad, quien celebró que la puesta en marcha de la factura electrónica vaya a contribuir a reducir todavía más la economía sumergida en los autónomos. “Somos los primeros interesados en que desaparezca porque es competencia desleal para los cumplidores”, reforzó.

De hecho, el presidente de UPTA dijo que su “compromiso” con la lucha contra el fraude es tal, que incluso apela a la concienciación de los consumidores para pedir factura oficial cuando contrata servicios o adquiere productos. “Pero todo ello es compatible también con exigir que se persiga el verdadero fraude fiscal que hay en España y que se destinen los recursos necesarios para ello”, apostilló.