"Invitamos a los demás vocales a seguir -más vale tarde que nuna- con su dimisión el ejemplo de Pedro Crespo", miembro de la UPF que dimitió al ser nombrado Eduardo Fungairiño como fiscal jefe e la Audiencia Nacional.

En un comunicado, denunció que "una parte fundamental de la responsabilidad del vaciamiento de competencias que ha sufrido el Consejo Fiscal en los dos últimos años corresponde precisamente a sus integrantes de la Asociación de Fiscales".

La UPF criticó también la decisión del Consejo Fiscal de solicitar reformas legislativas para garantizar laindependencia del Ministerio Fiscal frente al poder Ejecutivo, y apuntó que "resulta absurdo, en nuestra opinión, plantear ahora la reforma del Estatuto Orgánico, que seguimos considerando infringido".

Igualmente "absurdo" es, a su juicio, "solicitar esa reforma a un Gobierno que prometió en la campaña electoral reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal y no ha dejado de vulnerarla desde entonces".

RECURSO CONTRA FUGAIRIÑO

Por otra parte, anunció que seguirá adelante con el recurso interpuest contra el nombramiento de Fungairiño, designado a petición del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, con el voto en contra del Consejo Fiscal, e insistió en que no lo da por resuelto con el rechazo al recurso de la Asociación de Fiscales.

"No nos sentimos vinculados por lo resuelto en un trámite en el que la UPF no ha sido oída, ni tenida por parte, y en el que, por tanto, no han sido consideradas ni las pruebas ni las alegaciones formuladas por nuestra asociación", subrayó. "Vincular la resolucón de nuestro recurso a un fallo dictado en tales condiciones nos causaría la más absoluta indefensión".

A su juicio, la decisión del Tribunal Supremo de ratificar a Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional "vulnera la Constitución, que establece un modelo de Ministerio Fiscal imparcial", y "habilita al Gobierno de turno para diseñar a su antojo la composición de la Junta de Fiscales de Sala".

La interpretación realizada por el Supremo, añadió, implica un "retroceso hacia posiiones defendidas en la etapa anterior de la transición, y toma la dirección justamente opuesta a la tendencia legislativa que se va imponiendo en los países democráticos del entorno europeo".