En un comunicado, UPA señaló que la subida del agua, del orden del 300% para la potable, tiene su origen en el contrato que adjudicó a una empresa privada, Aguas de Tunari, el suministro a Cochabamba y los valles del centro del país.

A su juicio, "a actual crisis boliviana es un caso más en el cual grandes consorcios privados de carácter internacional, con el beneplácito de gobiernos en los cuales la actitud democrática brilla por su ausencia, que suelen estar manipulados económicamente y con un elevado grado de corrupción, se aprovechan de una población rural marginada y de extrema pobreza".