Según informaron portavoces de la UPA, la exigencia de una legislación para el turismo rural viene determinada por el elevado volumen de explotaciones en las que el agroturismo supone su principal fuente de ingresos, situación en la que se encuentran unas 200.000 de las 600.000 que hay en la CE con alguna actividad de este tipo.

En España, según datos de la Secretaría General de Turismo, el 36 por cien de los españoles veranó durante 1992 en zonas rurales, l que representa una afluencia hacia estos puntos de interior de unos 6 millones de personas.

Para la organización agraria, el turismo rural es ya una seria alternativa a la crisis de la agricultura y la ganadería y a la obligatoria revisisón de las estructuras productivas que exige al campo la CE, por lo que una regulación legal de estas actividades turísticas permitiría un mejor desarrollo económico.

Además, la UPA considera que la las perspectivas son de fuerte crecimiento, como lo demuestra qu la presente temporada estival existan ya redes de alojamiento en las zonas rurales de casi todas las comunidades autónomas, y que en áreas especialmente atractivas como País Vasco y Navarra tengan sus centrales de reservas con casi toda la oferta cubierta desde principios del verano.

La Unión de Pequeños Agricultores cuenta con un programa de turismo rural en España, cuya aceptación ha sido premidada por la CE, de entre un total de 430 inicitivas españolas presentadas, para formar parte del plan comuitario Euroforum de agroturismo.