Con esta nueva circular, que entrará en vigor el 1 de enero de 1992, los créditos de garantía hipotecaria concedidos a agricultores y ganaderos deberán provisionarse, una vez considerados de dudoso cobro, con un 25 por ciento cuando el impago sea superior a seis meses, mienras que actualmente se provisionan a los tres años.

En un comunicado difundido hoy, la UPA califica de "salvaje" la decisión adoptada por el Banco de España y asegura que si no se retira inmediatamente provocará un "estallido social sin precedentes", dada la fuerte crisis que sufren actualmente los pequeños agricultores y ganaderos.

La organización agraria asegura que el recorte del plazo para provisionar los préstamos morosos con garantía de tierras de tres años a seis meses, obligará a muchos pqueños agricultores a vender sus tierras y a renunciar a la petición de créditos para mejorar sus explotaciones.

Según la UPA, este endurecimiento de la financiación del sector agrario perjudicará mucho a un sector con un elevado nivel de endeudamiento, motivado por los bajos precios percibidos por los agricultores.

Para la UPA, la decisión adoptada por el Banco de España se une al "rosario de medidas de ajuste duro aprobadas recientemente por el Gobierno con el recorte del presupuesto agrario", ue, a su juicio, tienen el objetivo de reducir "drásticamente" la población activa agraria.

En su opinión, la "irresponsabilidad" con que los dirigentes del Banco de España han tomado una desisión "tan grave para el sector", corrobora "la dependencia total y absoluta de nuestra política agraria respecto al área económica del Gobierno".