Según informó hoy esta organización, la ronda de reuniones comienza mañana con el Grupo Parlamentario Socialista, en concreto, con el portavoz de la Comisión de Medio Rural, Alejandro Alonso.

UPA denuncia que, en los últimos años, se están consolidando unos enormes márgenes entre el precio que recibe el agricultor o el ganadero, y el precio que paga el consumidor.

La organización cree que esta situación, aunque consolidada, es reversible siempre y cuando exista voluntad política de los poderes públicos de ordenar el sistema económico, "junto a la firmeza de los actores que operamos en los mercados".

A su juicio, "ahora más que nunca es necesaria una ley urgente de márgenes comerciales a lo largo de la cadena alimentaria, y la implantación de códigos de buenas prácticas comerciales que autorregulen las relaciones entre todos los eslabones de la cadena, desde origen al destino, con el reconocimiento explícito de las prácticas comerciales correctas y justas".

La semana pasada, UPA trasladó al fiscal general del Estado un informe en el que se detallaba el funcionamiento de la cadena de valor de determinados alimentos, y la evolución de los precios, tanto en origen como en destino.

El fiscal "se mostró muy receptivo y sensible a la problemática planteada", tomando la decisión de trasladar el documento y su preocupación a los diferentes Ministerios implicados para que conozcan su posición e investiguen si se producen hechos concretos para que la Fiscalía pueda actuar.

Según UPA, también se comprometió a hacer gestiones frente al Tribunal de Defensa de la Competencia para que se interese por la cuestión e investigue.