Estos aspectos, negociados por parte de Creup con el Ministerio de Universidades, suponen "una clara mejora con respecto a las anteriores convocatorias, haciendo el sistema de becas más inclusivo y accesible".

Sin embargo, la coordinadora reclamó que “son necesarias mayores reformas que garanticen el derecho subjetivo del estudiantado universitario a acceder a las becas y ayudas”.

Entre las medidas necesarias, “se debe avanzar en la inclusión real de las personas con discapacidad, puesto que en la actualidad el sistema de becas y ayudas al estudio considera como personas con discapacidad a aquellas que cuentan con una discapacidad mínima del 65%”.

Para ello, Creup defiende, “al igual que lo hace el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que este criterio se rebaje al 33%, a fin de evitar nuevas barreras al colectivo”.

Asimismo, los universitarios creen que “es necesario desarrollar nuevas acciones que avancen hacia la supresión de los requisitos académicos en estas convocatorias y eliminar la obligatoriedad de devolver la cuantía de la beca en caso de no superar un cierto número de créditos, así como la imposibilidad de solicitar la beca al curso siguiente, “puesto que esta realidad supone una excesiva penalización al estudiantado, que debe hacer frente al elevado precio de las segundas o sucesivas matrículas”.

Finalmente, Creup señaló que esta convocatoria “avanza en la dirección adecuada, incorporando cada vez más reivindicaciones del estudiantado universitario”. Aun así, consideró necesario “acelerar los progresos en materia de becas y ayudas al estudio, profundizando en sus demandas, para alcanzar un sistema justo e inclusivo que garantice el acceso y la permanencia del estudiantado en la Universidad”.