Así lo indicó la ministra a la prensa al término de la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria que presidió este miércoles en la sede de su Ministerio en Madrid y en la que participaron representantes de las comunidades autónomas.

Morant recordó que ese programa supone 150 millones de euros anuales durante seis años (cuatro cursos) en el “contexto” de la aplicación de la nueva Ley de Universidades (LOSU).

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo anunció a las universidades los pormenores de este programa antes que a los gobiernos autonómicos, que también tienen competencias en políticas universitarias. Fue el pasado 15 de marzo en La Moncloa, en un acto en el que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a los rectores la financiación de 3.400 plazas de profesores ayudante doctor en las universidades públicas españolas desde el próximo curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato.

En un comunicado posterior, la Conferencia de Rectores (CRUE) aplaudió y valoró el planteamiento como "muy positivo", pero hizo hincapié "en la importancia de que ahora haya corresponsabilidad por parte de las comunidades autónomas para desarrollar la LOSU".

“Yo también confío en que las comunidades autónomas y el Gobierno estaremos a la altura”, apostilló la ministra, que concretó que los gobiernos autonómicos tienen que mostrar su apoyo o no al plan en este mes de abril. Posteriormente se plantearían "acuerdos" entre el Gobierno y las comunidades autónomas y "también se incluiría a las universidades" para que "con total transparencia" sepan que el acuerdo aterriza en sus necesidades de personal.

"El Gobierno entrará con esas 3.400 plazas en este curso, si no entran las comunidades autónomas no entraremos" emplazó, aunque matizó que los gobiernos regionales tienen cuatro cursos para impulsar su cuota de plazas, que sería un tercio del total de las 4.200 que prevé el Ejecutivo.

FLECOS

Sin embargo, añadió, "quedan flecos", pues hay "dudas" en algunas regiones por ejemplo en el número de plazas que se han de impulsar. Pero también les pidió que hagan "un esfuerzo" para incluir en sus presupuestos esas partidas, como también dice hacer Universidades ante la situación actual de prórroga presupuestaria.

"Sólo entraremos con este programa si hay corresponsabilidad", reiteró, condicionando la aplicación del programa a ese compromiso, a la par que gobiernos autonómicos, como el de la Generalitat Valenciana, pidieran a Morant la financiación del 100% de las plazas. También Madrid había trasladado su malestar a la propia ministra a través de una carta que remitió a Morant hace unos días para protestar por este plan.

"No vamos a sufragar competencias sin que esa comunidad autónoma no ejerza ninguna responsabilidad", zanjó la ministra, que avanzó que este mismo miércoles "algunas" autonomías ya expresaron su conformidad a participar en el programa y que otras "tendrán que hablarlo con sus presidentes y presidentas, pero ninguna ha cerrado la puerta al diálogo con el Ministerio de Ciencia". Por ejemplo, al término del encuentro la consejera Navarra ya planteó a la prensa su adhesión al plan.

"Hay universidades con el 75% de su plantilla con carácter temporal", lamentó Morant, aunque reconoció que el panorama es "heterogéneo".

TEMPORALIDAD

La ministra recordó que ese programa supone 150 millones de euros por año durante seis años (cuatro cursos) en el “contexto” de la aplicación de la nueva Ley de Universidades (LOSU) y el marco general de la temporalidad del 12,6% del empleo en España, según los últimos datos.

“Hablamos de más de un 50% de temporalidad en las universidades. Hemos coincidido con los consejeros que la universidad no puede ser una isla de temporalidad porque no pueden ayudarnos a afrontar los grandes retos globales de la transformación digital, transformación verde y el cambio climático”, argumentó, defendiendo el papel de “ascensor social” que tienen estas instituciones en España.

Morant aseguró que esa temporalidad en las Universidades es fruto de “una receta de recortes” que se impuso, con una “tasa de reposición cero” tras la crisis, impidiendo “la entrada adecuada” a “generaciones” de profesores que no tuvieron la oportunidad de “estabilizarse” en la Universidad, a través de figuras como la del falso asociado o falso sustituto. “La LOSU corrige esta forma de contratación”, subrayó. “Tenemos que ir estabilizando esas plantillas convirtiendo esos falsos asociados en profesores y profesoras de la universidad”, apuntó para justificar el trabajo que planteó a las autonomías.

Según la ministra se han buscado soluciones, como aplazar los plazos de la entrada en vigor de la LOSU en materia de recursos humanos, que se ha “flexibilizado” cuatro cursos, incluyendo enmiendas en la Ley de enseñanzas artísticas que se encuentra tramitándose en el Senado.

Otra solución es “trabajar en un programa de colaboración y corresponsabilidad institucional entre el Gobierno y las comunidades autónomas para financiar esa entrada de profesorado”, punto en el que Morant remarcó las competencias autonómicas de financiación de las políticas universitarias.